AEROMEXICO

Mexicana vS Aeroméxico

La sangre está llegando al río en el sector aéreo del país. Ayer Adolfo Crespo, vocero de Grupo Mexicana, acusó a Aeroméxico y al Grupo Imagen de lanzar una campaña de desprestigio y politización contra la compañía aérea que preside el empresario Gastón Azcárraga.
Entrevistado por El Semanario, Crespo no tuvo ningún empacho en señalar al grupo de medios que incluye al periódico Excélsior, Canal 28 y diversas estaciones de radio, propiedad del empresario Olegario Vásquez Raña, de haber orquestado, conjuntamente con Aeroméxico que preside José Luis Barraza, una campaña en contra de la intención de Mexicana de obtener garantías por parte de Bancomext para colocar deuda en los mercados financieros internacionales por 250 millones de dólares.
En la entrevista Crespo fue enfático en la “politización” del caso Mexicana bajo la intención de echar abajo la operación, cosa que finalmente ocurrió.
Esta incidencia es apenas una muestra de la grave problemática en la que vive la industria aérea del país, pero que no es exclusiva de ella.
Efectivamente el gobierno y la banca de desarrollo no tienen por qué estar asumiendo riesgos con recursos públicos, para hacer flotar negocios privados. Ni en la industria aérea, ni en ninguna otra. En todo caso su función es asegurarse —y con ello asegurarnos a los contribuyentes y consumidores— que las empresas de aviación que operan en el país lo hagan en condiciones financieras saludables y sustentables, con el único propósito de garantizar que éstas no ponen en riesgo la vida de los pasajeros. Lo demás no es asunto del gobierno.
El problema de fondo es la perversa relación que existe entre los intereses políticos de funcionarios del gobierno con empresarios o grupos empresariales del país. El eterno conflicto de autoridades comprometidas con los regulados.


¿Por qué el gobierno debe garantizar un crédito de un privado para que éste obtenga beneficios particulares en el costo de su financiamiento, beneficios que van a ir a su bolsillo y no se van a traducir en ganancias para los contribuyentes ni para los consumidores? ¿No tendrían derecho a beneficios similares miles y miles de empresas de diversos giros que generan millones de empleos en el país?
Pero otra cosa más. ¿Acaso los “favores” fiscales que obtienen poderosas empresas del país, incluyendo medios de comunicación, a través de negociaciones directas con las autoridades tributarias, no son también beneficios financieros a costa del erario público de los que nos tendrían que dar cuenta con todo detalle? Quizá Aeroméxico, entre otras empresas, también deba responder preguntas como éstas. Lamentablemente son empresas “privadas” que no revelan su información, pero que sí aspiran a obtener beneficios “públicos”, y los obtienen a través de negociaciones en lo oscurito.
La acusación de Crespo y las publicaciones en prensa de los últimos días son sólo un asomo de la lucha soterrada para hacer negocios al amparo de los recursos públicos. De ese viejo capitalismo de amigos, que tiene anclado a México desde hace décadas.